Como si se tratase de espejos de Mac OS, Microsoft Windows y Linux –los tres principales sistemas operativos en informática–, en la configuración de los Estados actuales existen tres sistemas políticos fundamentales: República Liberal, Monarquía Parlamentaria y Socialismo.
Todos estos sistemas son susceptibles de ser atacados, incluso destruidos de diversas maneras cuando se relajan las medidas de seguridad.
Una fórmula muy practicada con los ordenadores es utilizar un agujero de seguridad, es decir, el fallo de un programa que permite, mediante su explotación, transgredir la seguridad informática de un sistema.
Quienes se dedican a violar los sistemas informáticos con malas intenciones se denominan Black Hats.
Igual que los sistemas informáticos, los sistemas políticos tienen agujeros de seguridad por donde es posible acceder para realizar ataques con intenciones aviesas.
Siguiendo con este razonamiento, parece obvio que los principales agujeros de seguridad del Sistema de Monarquía Parlamentaria vigente en el actual Estado español se encuentran en la judicatura, infiltrada de destacados componentes muy escorados a la derecha, cuyas sentencias y manifestaciones públicas evidencian una pronunciada querencia hacia los tiempos anteriores a la Constitución de 1978.
En los últimos tiempos, se ha hecho más evidente aún que los Black Hats extremistas están utilizando estos agujeros de seguridad para infectar el Sistema y eliminar determinados elementos de la vida política, social y sindical.
Dos ejemplos recientes son la expulsión del diputado Alberto Rodríguez de la vida parlamentaria a través del Tribunal Supremo y la paralización de los trabajos en el Valle de los Caídos decretada por una jueza madrileña.
Vox ha encontrado un auténtico boquete de seguridad en los tribunales más altos del Estado para minar y destruir el Sistema Parlamentario, bloqueando leyes, inhabilitando cargos políticos, entorpeciendo la vida democrática, llegando, incluso, a torpedear las medidas imprescindibles para proteger a la ciudadanía de una pandemia.
Y le funciona. ¡Vaya si le funciona! Mientras tanto, el Parlamento, que debería tomar cartas en el asunto y legislar –o reformar la Constitución– para evitar la metástasis del cáncer antidemocrático que se va apoderando del cuerpo social, parece declararse tan impotente como desinteresado en buscar remedio a lo que podría convertirse en una tragedia de grandes dimensiones.
Por su parte, en lugar de buscar diligentemente un antivirus que neutralice estas acometidas, el gobierno se achanta y propicia el derrumbe de las defensas democráticas, avalando la entrada de magistrados reaccionarios en los más altos tribunales del Estado.
Todo esto lo saben los ciudadanos, aunque no todos lo expresen en voz alta. Como resultado, les invadirá un sentimiento de impotencia frente a quienes están deconstruyendo la democracia, pensarán que de nada valen sus votos y optarán por la abstención en las urnas…
Si esto sucede, ya intuimos quiénes compondrán el próximo gobierno y qué derechos van a arrebatarnos.
No hace falta ser adivino para saberlo, porque cada día lo dicen sin tapujos delante de los micrófonos.
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