Uno.
Yo no creo ni dejo de creer en el cambio climático, pero haberlo haylo. ¡Que se lo pregunten si no a los canarios y a los madeirenses! Ya tenemos decenas de muertos por el agua y el viento; pronto, los contaremos por centenares. Y sólo es el comienzo de una larga travesía.
Ahora resulta que nadie es culpable. Los gobiernos no le ponen remedio porque para las grandes corporaciones (que gobiernan a los gobiernos, como sabe hasta el más tierno infante) es muy “rentable” destruir esta esfera azul con sus moradores incluidos. Nada que objetar: el negocio es el negocio y el tiempo es oro, incluso el mal tiempo atmósférico. Amén, aleluya.
Dos.
Según el Gobierno de Canarias, los culpables de los apagones cuando llueve o hace viento son los habitantes de las islas y sus alcaldes. Como lo oyen: ya lo han repetido en cada emisora. Culpables porque los primeros se oponen a que se construyan más centrales eléctricas y los segundos, por hacer caso a sus votantes y oponerse también.
Esta vez, ocurrió así: hay una gotera en una de las dos centrales de Endesa en Tenerife. El agua cae en ciertos mecanismos y se quedan sin electricidad 700.000 personas. Dejemos a un lado el hecho de que una central de esa importancia tenga medio sueltas las planchas de su techo, lo que ya resulta de una gravedad extrema. Pero surgen otras preguntas inevitables.
Primer interrogante: ¿Por qué no siguió funcionando la segunda central?
Respuesta oficial: al parecer, si falla la central principal, la que dirige todo el tráfico del fluido eléctrico en la isla, las otras también caen en cadena.
Segundo interrogante: ¿De qué hubiera servido una tercera central?
Respuesta elíptica: de nada, según sus propios argumentos. Pero no lo dicen.
Aprovechando la rabia de los canarios, el presidente y los consejeros del Gobierno no van contra la mala calidad de las instalaciones de Endesa, sino que, encubiertamente, le echan un cable a la eléctrica (lo que hasta parece lógico, tratándose de lo que se trata) para que puedan construir su tercera planta en Tenerife, a todas luces innecesaria. Me causaría risa escuchar sus argumentos, si no me lo impidera el asco que me producen. Sobre todo, cuando el presidente autonómico dice que si siguen así las eléctricas, él mismo las expulsará de las islas. De sobra sabe él que no va asustar a Endesa y mucho menos a echarla, pero era necesario echar un poco de carnaza a los electores mientras se la está metiendo doblada con la tercera central.
Tres.
Antes de ocurrírseles la genial idea de echarnos la culpa a los ciudadanos, estos políticos canarios y madeirenses declararon que si hubiesen tenido un radar las cosas habrían ido de otra manera.
¿De qué manera?
Con radar y sin radar se sabía que llegaba una soberana tormenta. ¿Hubiese cambiado algo saber que descargaría una hora antes o una hora después? ¿O iban a correr con el radar-paraguas detrás del ojo de la tormenta para que nos fuéramos cobijando en él?
Nuestros políticos archipieilógicos –canarios y madeirenses– dicen demasiadas sandeces y, probablemente, piensan que los ciudadanos las tomamos como santas y sabias verdades. Pero si hay algún idiota en estas historias de tormentas y faltas de previsión no es precisamente el ciudadano común. El mismo que no va a permitir que se construyan más centrales eléctricas sabiendo que estas islas no las necesitan.
En esta novelucha de goteras de agua y radares de viento, en la que tratan de presentarnos a una deleznable central eléctrica como gigantesco remedio, el mejor indicador para saber que los ciudadanos no nos estamos equivocando es la cantidad de disparates que está saliendo de las bocas gubernamentales.
Tranquilos, amigos míos; seamos lógicos y optimistas: Ladran, luego cabalgamos.
Cuatro.
En la misma línea de actuación, el ejecutivo canario está deconstruyendo una Ley de Espacios Naturales que antes había construido. ¿Razones? La actual ley les impide llenar de cemento la tierra y el mar tanto como a ellos les gustaría. ¡No previeron en su día que tendrían tanta capacidad de destrucción y sus cálculos se quedaron cortos! Ahora, hay que descatalogar especies protegidas y, ¡sobre todo!, impedir que haya posibilidad de recurso ciudadano en materia medioambiental. Ni siquiera a través de iniciativas populares.
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